Con mayoría calificada, los legisladores también acordaron dividir la Suprema Corte en dos secciones y reducir a ocho años el mandato de los juzgadores electos.

 

Ciudad de México.- (Creativoz16nueve) En una crucial jornada legislativa, el Senado de la República aprobó una serie de modificaciones constitucionales clave en materia del Poder Judicial.

Con una mayoría calificada de 87 votos a favor por parte del bloque de Morena y sus aliados, frente a 40 votos en contra de la oposición, la Cámara Alta ratificó el aplazamiento formal de la elección judicial hasta el 1 de junio de 2028.

Más allá del cambio de fecha, las bancadas oficialistas introdujeron modificaciones de gran relevancia estructural para el Tribunal Electoral y la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).

Reelección en el TEPJF y nueva estructura de la SCJN

El dictamen aprobado contiene adiciones de alto impacto político y administrativo para el funcionamiento de los máximos tribunales del país:

• Reelección en el Tribunal Electoral: La reforma constitucional avalada permitirá que los actuales siete magistrados de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) puedan postularse para reelegirse por un nuevo periodo de seis años.
• División de la Suprema Corte: Se avaló que la SCJN se organice y trabaje de manera interna en dos secciones, las cuales contarán con la facultad de sesionar de forma autónoma, siempre y cuando sus resoluciones generales sean validadas por la aprobación del pleno.

Reducción de periodos para la jornada de 2028

Como parte de los acuerdos transitorios, el Senado modificó la duración de los cargos de los juzgadores que resulten electos en los comicios pospuestos:

Se aprobó reducir de nueve a ocho años el periodo de encargo para los magistrados y jueces que sean seleccionados en las urnas durante la jornada electoral de 2028.

Debido a este ajuste temporal, quienes resulten ganadores iniciarán sus funciones en el año mencionado y concluirán su mandato constitucional en el 2036.

Tras su aprobación en lo general y en lo particular por los senadores, la minuta fue enviada a los congresos estatales para continuar con el proceso legislativo correspondiente antes de su promulgación en el Diario Oficial de la Federación.