Sinaloa. (Creativoz16Nueve | Redacción).-  llega este miércoles a dos años de una violencia que cambió la vida cotidiana del estado y que, lejos de quedar contenida, ha modificado su geografía, golpeado su economía, debilitado a sus instituciones y convertido a miles de sinaloenses en víctimas directas o indirectas de una guerra que originalmente se libraba dentro del Cártel de Sinaloa.

El punto de quiebre fue el 25 de julio de 2024: Ismael “El Mayo” Zambada fue trasladado a Estados Unidos junto con Joaquín Guzmán López. Ese mismo día fue asesinado el exrector de la Universidad Autónoma de Sinaloa, Héctor Melesio Cuén Ojeda. La versión sobre las circunstancias de ambos hechos continúa siendo materia de investigaciones y controversias, pero el resultado político y criminal fue el rompimiento del equilibrio que durante años había mantenido unido, con distintas alianzas, al Cártel de Sinaloa.

Un mes y medio después, el lunes 9 de septiembre, Culiacán amaneció convertida en escenario de enfrentamientos, bloqueos y presencia de hombres armados. Las clases fueron suspendidas, el transporte público se paralizó parcialmente y los comercios modificaron sus horarios. La violencia se extendió rápidamente hacia Costa Rica, Eldorado, Navolato, Culiacancito, Quilá, Imala y otras comunidades.

Desde entonces, la disputa entre las facciones identificadas como Los Chapitos y Los Mayos o La Mayiza dejó de ser solamente una confrontación criminal. Se convirtió en una crisis de seguridad pública, una emergencia económica y un problema social que ha alcanzado a familias, escuelas, comerciantes, productores, policías, funcionarios y autoridades.

El saldo humano es el indicador más contundente. De acuerdo con el conteo acumulado, entre el 9 de septiembre de 2024 y el 6 de septiembre de 2026 se registraron 3 mil 818 homicidios dolosos, equivalentes a un promedio de 5.2 asesinatos diarios durante los dos años de confrontación. El mismo recuento registra 211 personas abatidas en enfrentamientos y 3 mil 924 detenidos como resultado de los operativos de seguridad.

La desaparición de personas constituye otro de los rostros más graves de la crisis. En el mismo periodo se acumularon 4 mil 406 denuncias por personas privadas de la libertad, alrededor de 6.1 casos diarios. Sin embargo, el número de fichas de búsqueda abiertas es menor, con 3 mil 88 casos, una diferencia que evidencia las dificultades para dimensionar el fenómeno y la existencia de una posible cifra negra. Colectivos de búsqueda han advertido que muchas familias no denuncian por temor.

El patrimonio de los sinaloenses también ha sido golpeado. El registro acumulado señala 12 mil 436 vehículos robados en los dos años, unos 17 automóviles cada día. El fenómeno se disparó desde los primeros meses de la confrontación: mientras en agosto de 2024 se contabilizaron 207 robos de vehículos, la cifra aumentó a 449 en septiembre y alcanzó 680 en noviembre de ese mismo año.

La violencia también ha cobrado una factura particularmente elevada entre los cuerpos de seguridad. Desde el inicio de la confrontación han sido asesinados 87 policías de distintas corporaciones, mientras 339 elementos han solicitado retiro anticipado o jubilación, de acuerdo con recuentos periodísticos. El fenómeno representa un doble golpe: las corporaciones enfrentan la pérdida de agentes al mismo tiempo que necesitan incrementar su capacidad para responder a una crisis que se ha prolongado durante 24 meses.

El impacto social se refleja además en el desplazamiento de comunidades enteras. El gobierno estatal ha reconocido alrededor de mil 300 familias desplazadas por la violencia, principalmente de comunidades rurales donde los enfrentamientos y la disputa territorial han obligado a sus habitantes a abandonar sus viviendas. Para las familias desplazadas, la pérdida no se limita al hogar: también implica dejar tierras, empleos, negocios, escuelas y redes comunitarias.

En el terreno económico, las cifras también son severas. Coparmex Sinaloa estima alrededor de 7 mil empresas o unidades económicas afectadas o cerradas y unos 27 mil 400 empleos perdidos durante estos dos años, además de aproximadamente 13 mil registros patronales menos. Estas cifras deben considerarse como estimaciones empresariales y no como un padrón oficial de negocios cerrados, pero dimensionan el impacto de la inseguridad sobre la actividad productiva.

Otros análisis económicos elevan todavía más el costo laboral. Estimaciones citadas por Ríodoce calculan en alrededor de 37 mil 350 los empleos formales perdidos, mientras que al incorporar el impacto sobre la economía informal la pérdida podría alcanzar hasta 70 mil puestos de trabajo. La diferencia entre las cifras responde a las distintas metodologías utilizadas para medir el deterioro del mercado laboral.

El daño económico acumulado también se cuenta en miles de millones de pesos. De acuerdo con estimaciones de especialistas, las pérdidas económicas superaron los 122 mil millones de pesos durante 2024 y los 170 mil 500 millones durante 2025, como consecuencia de la caída en comercio, servicios, turismo, movilidad, consumo e inversión. El sector empresarial ha advertido que el problema no consiste únicamente en los negocios que cerraron, sino también en aquellos que redujeron horarios, personal, operaciones o inversiones.

La violencia tampoco se mantuvo estática durante estos dos años. Culiacán fue el principal epicentro durante buena parte de la confrontación, pero durante 2026 el fenómeno adquirió mayor fuerza hacia el sur del estado, particularmente en Mazatlán, Rosario, Concordia, San Ignacio, Elota y Escuinapa. La expansión territorial ha complicado la recuperación económica y la percepción de seguridad en regiones que dependen fuertemente del turismo, comercio y actividades productivas.

Los dos años de confrontación también dejaron cambios en la naturaleza de la violencia. Los grupos criminales recurrieron con mayor frecuencia a drones con explosivos, vehículos blindados artesanalmente, armas de alto calibre, bloqueos, quema y despojo de vehículos y ataques contra viviendas, mientras las autoridades federales desplegaron miles de elementos y realizaron detenciones de operadores y líderes de diferentes células criminales.

Pero quizá el dato más revelador es que, pese a los operativos, capturas y decomisos, la violencia no ha terminado. Después de una disminución registrada durante los primeros meses de 2026, los homicidios volvieron a repuntar y agosto cerró con 122 asesinatos, de acuerdo a reportes periodísticos. Esto significa que la reducción de algunos indicadores durante determinados periodos no se ha traducido todavía en el fin de la confrontación.

A dos años del inicio de la narcoguerra, Sinaloa enfrenta así un saldo que va mucho más allá de las estadísticas criminales: 3 mil 818 homicidios, más de 4 mil 400 denuncias por privación de la libertad, más de 12 mil vehículos robados, decenas de miles de empleos afectados o perdidos, miles de negocios golpeados y alrededor de mil 300 familias desplazadas.

Son cifras que dibujan el tamaño de una crisis que comenzó como una disputa dentro de una organización criminal, pero que durante 24 meses terminó afectando prácticamente todos los ámbitos de la vida pública y privada de Sinaloa.

Dos años después, la pregunta ya no es solamente cuántas víctimas ha dejado la guerra, sino cuánto tiempo más podrá resistir Sinaloa antes de que el costo social, económico e institucional sea todavía mayor.