Culiacán, Sinaloa (Creativoz 16 Nueve | Iceido).- La exhibición de piezas valuadas en millones reavivó cuestionamientos sobre ingresos, patrimonio y posibles conflictos de interés en el gobierno estatal.

José Eduardo Avilés Tostado, excoordinador de Desarrollo Tecnológico durante la administración estatal de Rubén Rocha Moya, quedó en el centro de la polémica luego de que se difundieran imágenes y registros relacionados con una colección de relojes de alta gama cuyo valor supera ampliamente los ingresos asociados a su cargo público.

El caso comenzó a tomar fuerza tras revelarse fotografías en las que el exfuncionario aparece utilizando relojes de lujo de la marca Rolex, algunos de ellos valuados en cientos de miles de pesos y otros que alcanzan cifras millonarias dentro del mercado especializado.

Entre las piezas atribuidas a Avilés Tostado destacan modelos como el Rolex Day-Date 40 en oro, con un valor cercano al millón de pesos; un Yacht-Master en oro rosa y negro, estimado en alrededor de 800 mil pesos; y un GMT Master II con cotización superior a los 350 mil pesos.

La controversia creció debido a la diferencia entre el nivel de vida reflejado en esas adquisiciones y los ingresos oficiales reportados como funcionario estatal. De acuerdo con documentos patrimoniales, el exservidor público percibía un salario mensual bruto superior a los 42 mil pesos, aunque en su declaración anual aseguró haber obtenido ingresos adicionales por actividades privadas relacionadas con consultorías de marketing digital y comercio electrónico.

En total, reportó ingresos netos anuales por más de 2.4 millones de pesos, de los cuales alrededor de 1.6 millones corresponderían a servicios profesionales fuera de la función pública.

Dentro de su declaración patrimonial también justificó parte de las joyas y relojes como bienes heredados. Sin embargo, el valor declarado de esos artículos ha generado dudas debido a las diferencias con las cotizaciones actuales en el mercado de lujo.

A la discusión sobre el patrimonio se sumó otro elemento delicado: su permanencia como proveedor registrado de servicios publicitarios para el mismo gobierno estatal donde ocupó funciones públicas. Esa situación ha provocado señalamientos sobre un posible conflicto de interés, al mantenerse simultáneamente vinculado como contratista y exintegrante de la administración estatal.

Hasta el momento no se ha informado sobre una investigación formal en su contra, aunque el tema ha escalado en redes sociales y espacios públicos, donde se cuestiona la congruencia entre el patrimonio exhibido y la transparencia en el ejercicio del servicio público.

El caso vuelve a colocar bajo observación el nivel de control patrimonial y fiscalización sobre funcionarios y proveedores ligados a gobiernos estatales, especialmente en áreas sensibles relacionadas con contratos y manejo de recursos públicos.