Álamos · Corrupción · Educación · Sonora
LA BARTOLOMÉ M. SALIDO SIGUE SIN RESPUESTAS
22.10.2026 · creativecore
ÁLAMOS, SONORA.- La rehabilitación de la Escuela Primaria Bartolomé M. Salido mantiene abiertas preguntas que las autoridades deben responder. Documentos obtenidos mediante solicitudes de transparencia revelan que dos licitaciones relacionadas con trabajos en el plantel establecían fechas de terminación en abril y octubre de 2025. Hoy, 22 de octubre de 2026, ambas fechas han quedado atrás y la comunidad tiene derecho a conocer qué ocurrió con las obras, cuánto se ha avanzado y cuándo podrán utilizarse plenamente las instalaciones.
Detrás de los expedientes existe una preocupación que no puede reducirse a trámites administrativos. Para las familias de Álamos, la escuela representa la educación, la seguridad y la estabilidad cotidiana de sus hijos. Por eso resulta indispensable contar con información precisa sobre las condiciones actuales del plantel y los tiempos de entrega. No basta con conocer cuándo debían terminar los trabajos; hace falta saber qué se ha hecho y qué está pendiente.
Los documentos consultados corresponden a las licitaciones LPO-926055986-080-2024 y LP-926055986-081-2024, ambas con fecha de inicio del 18 de octubre de 2024. La primera establecía un plazo de ejecución de 180 días, con terminación prevista para el 15 de abril de 2025; la segunda contemplaba 365 días, con conclusión programada para el 17 de octubre del mismo año.
Que estas fechas hayan transcurrido no demuestra, por sí solo, un incumplimiento contractual. Pudieron existir ampliaciones de plazo, suspensiones o convenios modificatorios que no aparecen en las cuatro hojas revisadas. Precisamente por eso es necesario que las autoridades den a conocer los calendarios vigentes, el avance físico documentado y, en su caso, las actas de terminación y entrega-recepción.
La revisión también encontró diferencias en los precios unitarios de un mismo concepto de suministro: vigas de madera de pino de 9.7 por 29.5 centímetros y 5.35 metros de longitud. En la licitación 080-2024 se registra un importe de 6 mil 644.86 pesos por pieza, mientras que en la 081-2024 el precio asciende a 7 mil 937.72 pesos. La diferencia es de mil 292.86 pesos por unidad, equivalente a aproximadamente 19.46 por ciento respecto al precio menor.
Aunque las dimensiones descritas coinciden, los importes corresponden a precios unitarios integrados que incluyen materiales y otros componentes del costo, como indirectos, financiamiento y utilidad. Por ello, la diferencia no puede calificarse automáticamente como un sobreprecio. Lo procedente es solicitar los análisis técnicos, las cotizaciones y las condiciones de suministro que permitan explicar por qué se establecieron montos distintos.
Otro dato que aparece en ambos expedientes es el concepto de limpieza general de áreas existentes, con precios de 22.53 y 22.45 pesos por metro cuadrado, respectivamente. Su presencia en las dos licitaciones tampoco demuestra una duplicidad de cobros, pero hace necesario conocer cómo se distribuyeron las áreas, cantidades y trabajos contratados para evitar confusiones sobre el alcance de cada proyecto.
Las cuatro páginas examinadas forman parte de una documentación más amplia que incluye contratos, estimaciones, pagos y otros conceptos de obra pendientes de revisión. Hasta ahora, estos elementos permiten formular preguntas concretas, pero no sostener acusaciones de fraude, desvío de recursos o responsabilidades individuales. Una investigación responsable debe distinguir entre lo que los documentos comprueban y aquello que todavía necesita verificarse.
Lo que sí resulta claro es que las familias merecen respuestas.
¿Cuál es el estado real de la rehabilitación?
¿Se modificaron los plazos originales?
¿Qué trabajos corresponden a cada contrato?
¿Cuánto se ha pagado y qué falta por ejecutar?
¿Existe una fecha oficial para que las instalaciones estén plenamente disponibles?
Responder estas preguntas no debería representar un problema para ninguna autoridad responsable de administrar y supervisar recursos públicos. La transparencia no termina cuando se entregan documentos: también exige explicar su contenido y permitir que la ciudadanía compruebe cómo se ejecutan las obras.
La Primaria Bartolomé M. Salido no es solamente un expediente de construcción. Es un espacio educativo importante e histórico para Álamos, cualquier incertidumbre sobre su rehabilitación merece atención, especialmente por las familias que necesitan certezas sobre el futuro escolar de sus hijos.
Aquí no se trata de señalar culpables sin pruebas ni de convertir diferencias administrativas en acusaciones. Se trata de exigir información verificable sobre una obra pública destinada a la educación.
Porque las fechas están en los documentos, los recursos deben poder comprobarse y las respuestas no pueden seguir siendo una incógnita para la comunidad.