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TADDEI PIDE AUDITORÍA POR CONTRATOS BAJO SOSPECHA EN EL INE
22.10.2026 · creativecore
CIUDAD DE MÉXICO.- La consejera presidenta del Instituto Nacional Electoral (INE), Guadalupe Taddei Zavala, anunció que solicitará a la Auditoría Superior de la Federación (ASF) una nueva revisión de las licitaciones relacionadas con empresas proveedoras de material electoral, luego de que investigaciones periodísticas señalaran posibles conflictos de intereses y vínculos empresariales de antiguos colaboradores del organismo.
La funcionaria reconoció que algunas de las personas mencionadas estuvieron adscritas a la Presidencia del Consejo General, pero aseguró que actualmente ninguna trabaja en el instituto. También señaló que corresponderá al Órgano Interno de Control investigar las posibles irregularidades, debido a que los involucrados no declararon conflictos de intereses ni antecedentes de participación en empresas privadas al presentar sus documentos oficiales.
Entre los señalados se encuentran Jonathan Navarrete Torres, identificado en los reportes como chofer de Taddei, y Jesús Octavio García, exencargado de despacho de la Dirección de Administración. De acuerdo con las publicaciones, ambos tuvieron vínculos con Corporativo ZEG, mientras García también fue relacionado con empresas proveedoras de materiales electorales. Los reportes indican que Cajas Graf y Corporativo ZEG se incorporaron al padrón de proveedores del INE dos meses después de la llegada de Taddei a la presidencia.
Las empresas han sido mencionadas en investigaciones de la Unidad de Inteligencia Financiera por presuntos vínculos con actividades delictivas y congelamiento de cuentas, así como en un expediente abierto por la Comisión Federal de Competencia Económica en 2024 por posibles prácticas monopólicas. Estos antecedentes, reportados por la prensa, no constituyen por sí mismos una determinación de responsabilidad de los funcionarios señalados.
Otro punto bajo cuestionamiento es una adjudicación directa realizada por el INE en 2024 por 197 millones de pesos para la elaboración de urnas y mamparas, después de que una licitación fuera declarada desierta. Taddei sostuvo que el procedimiento respondió al incumplimiento de requisitos técnicos y económicos por parte de los participantes y a la necesidad de garantizar la producción y distribución oportuna del material electoral.
Los reportes periodísticos también refieren contratos superiores a 60 millones de pesos otorgados a esas empresas durante las gestiones de Taddei en el Instituto Electoral de Sonora y de Claudia Espino en el organismo electoral de Chihuahua.
Al presentar un nuevo portal de transparencia sobre contrataciones, Taddei aseguró que el INE entregará la información requerida sin intervenir en las investigaciones. Asimismo, pidió a partidos y actores políticos actuar con responsabilidad y evitar que las denuncias se utilicen para desacreditar o debilitar a la autoridad electoral.
La solicitud de auditoría y las investigaciones internas deberán esclarecer las relaciones entre antiguos funcionarios, proveedores y procedimientos de contratación, así como determinar si existieron irregularidades administrativas o conflictos de intereses.