Washington, EEUU (creativoz16nueve.com).- Una acusación federal en Estados Unidos sacudió a las corporaciones de seguridad de Sinaloa al señalar que mandos policiacos habrían trabajado para Los Chapitos a cambio de sobornos, filtraciones y protección institucional.

El documento, presentado en una corte de Nueva York, describe una supuesta red de corrupción ligada al Cártel de Sinaloa, donde exfuncionarios de seguridad habrían ayudado a la organización criminal a evitar operativos, escapar de redadas y mantener activas sus rutas de narcotráfico.

Entre los nombres mencionados aparece Gerardo Mérida Sánchez, exsecretario de Seguridad Pública de Sinaloa, acusado por autoridades estadounidenses de alertar al grupo criminal sobre acciones policiacas y operativos antidrogas a cambio de pagos mensuales que superarían los 100 mil dólares.

Según la investigación, esa información permitió a integrantes de Los Chapitos escapar antes de cateos y retirar evidencia de laboratorios clandestinos.

Otro de los señalados es José Antonio Dionisio Hipólito, alias “Tornado”, exsubdirector de la Policía Estatal, quien presuntamente vendía municiones y cargadores para rifles de asalto al grupo criminal, además de alterar reportes policiacos y facilitar liberaciones de presuntos integrantes del cártel.

La acusación sostiene que “Tornado” mantenía contacto directo con Iván Archivaldo y Ovidio Guzmán, hijos de Joaquín “El Chapo” Guzmán, y que incluso existieron reuniones donde se acordaba compartir información sobre futuras operaciones de seguridad.

El expediente también menciona una presunta red de protección política y policial que habría permitido a la facción criminal operar con ventaja durante varios años en Sinaloa.

Tras darse a conocer el caso, la Fiscalía General de la República pidió al gobierno estadounidense entregar pruebas formales que respalden las acusaciones contra funcionarios mexicanos, al considerar que el expediente aún no contiene evidencia suficiente para justificar acciones judiciales inmediatas.

El caso vuelve a colocar bajo presión a las instituciones de seguridad mexicanas y reabre el debate sobre los niveles de infiltración del crimen organizado dentro de corporaciones policiacas y estructuras de gobierno.